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19 de julio de 2016
Autopista 5: La UNLu reclama que se cumpla el convenio con el Estado Nacional
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján encomendó en su Sesión de ayer jueves 14 de julio al Rectorado que realice las gestiones necesarias para cautelar el cumplimiento de los acuerdos celebrados con el gobierno nacional, en relación a la obra de la autopista cuya traza atraviesa el predio de la Universidad.

Desde la Universidad Nacional de Luján se resolvió constituir una comisión “ad hoc” que realizará el seguimiento de todo lo actuado en relación a la obra, en apoyo a las gestiones del Rectorado. Esta comisión también deberá promover la difusión necesaria para que la Comunidad conozca el estado del trámite y las tratativas con el gobierno por este tema.

En la apertura de la octava sesión ordinaria de 2016, el rector Osvaldo Arizio recordó que el paso de la autopista 5 fue tratado por el Consejo Superior en 2006 y que finalmente se acordó la traza en un convenio que incluía un estudio de impacto ambiental, el monitoreo posterior de polución, vibración y sonoridad, entre otros puntos.

Ese convenio fue oportunamente rubricado entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la UNLu, con el objetivo primario de “desarrollar en forma conjunta acciones vinculadas a la mejora en la operación de las vías de vinculación y de las zonas de acceso de la Universidad y los barrios aledaños, en confluencia con la concreción de la traza de la autopista de acceso a la Ciudad de Buenos Aires – Acceso Oeste – Autopista Luján–Mercedes”. También el convenio especifica un compromiso por parte del Ministerio en la realización de una serie de obras y provisión de equipamiento a la Universidad.

Asimismo, el rector relató ayer a los consejeros superiores una reunión que sostuvo el pasado martes 12 de julio con representantes de Vialidad Nacional (VN). Arizio consideró que los integrantes de ese organismo pretenden ahora desconocer los términos del acuerdo alcanzado hace diez años, incluida la tasación del predio declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación.

“Les explicamos que no era un tema estrictamente económico o administrativo sino político, que el plan de trabajo debía ser consensuado para que no interfiriera con las actividades académicas, pero no pudimos llegar a ningún acuerdo”, contó Arizio.
Fuente: Noticias UNLu
 



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