Las discusiones sobre el Fondo de seguridad fueron una de las novelas protagónicas durante el 2016. Sesiones ordinarias, sesiones especiales con presencia del Intendente, denuncias penales por las irregularidades en los vales del combustible y acusaciones de todo tipo atravesaron las decisiones que fueron tomando cada uno de los actores. Así, el 25 de octubre de 2016, en una jornada extensa que incluyó cuarto intermedio para definir puntos y comas, se votó una prórroga que alcanzaba hasta el 31 de diciembre y luego, cumplidos algunos requisitos impuestos por el concejo deliberante, llegaba hasta el 24 de abril de 2017.

Cumplidos estos plazos, el Fondo no se cobra más desde hoy, y quedó en suspenso para el futuro. Las roscas de cafetín entre funcionarios del ejecutivo e integrantes del Consejo de Seguridad fueron intensas estos días, ya que es un problema central en la imagen del gobierno de Luciani, respecto de la (nula) transparencia de los gastos de combustible.

“No se avanzó en nada desde que le votamos esa prórroga y es hora que el ejecutivo haga algo con el dinero que hay en ese fondo; nadie del oficialismo se preocupó ni se ocupó de este tema”, expresó Vanina Pascualín, concejal del FPV e integrante de la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante. Respecto al monto, Luis Andrieu – vecino moderador del Consejo Permanente por la Seguridad Ciudadana- explicó a Ladran Sancho que “habrá aproximadamente unos dos millones de pesos y quizá eso le otorga cierta pasividad al ejecutivo y a los concejales que no han hecho nada para evitar esta situación, en definitiva es parte del modo que se hacen las cosas en Luján”, analizó con todo de resignación.

Días atrás, el Interbloque Peronista comunicó el pedido de información que elevaron los concejales al Ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, para conocer con mayor exactitud cuánto es el envío que hace la gobernación y así poder transparentar la situación de lo que sucede con el dinero de los vecinos de Luján.

Gabriel Jurina, Presidente de la comisión de Seguridad del HCD también se refirió al tema: “Yo estoy a favor de la continuidad del Fondo. Hay que resolver quién debe decidir el destino de los recursos, porque no debe intervenir más el Consejo de Seguridad: debe controlar y proponer, pero no decidir poniendo firmas.  Tampoco debe manejarlo unilateralmente el Departamento Ejecutivo, principalmente porque no tiene plan. Por ello, el destino de los recursos debe decidirse sobre la base de un plan serio, con objetivos, plazos y prioridades bien definidos, con participación del CPSC e intervención del HCD”.

Queda en las memorias que la sesión de 2016 se prolongó hasta la medianoche y hubo hasta amenzas de golpiza por parte de propios integrantes del CPSC a los vecinos que gritaban contra la aprobación de la prórroga. Desde algunas bancas se analizó hacer optativo el cobro, aunque finalmente se aprobó por unanimidad. Desde el oficialismo, el concejal Carlos Pedro Pérez  decía por aquellos días que “la oposición tiene que pagar los costos políticos si mañana Lujan se queda sin seguridad”.

El 56% del Fondo de Seguridad Ciudadana se destina a combustible y fue el gran escándalo que sacudió al gobierno de Oscar Luciani, quien tuvo que entregar la cabeza del secretario de aquél momento, Héctor Navarro. Con la llegada del Doctor Marcelo Oberti a la secretaría, todavía no se logró poner el orden suficiente a la hora de los balances.